Es evidente que el mundo entero inició la disputa para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos. Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.
Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía (a nivel global) desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados y podemos citar dos claros ejemplos: En Perú, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronógrama claro de vacunación.
En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.
Por otro lado, la ministra belga de Presupuesto Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.
A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.
Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.
¿Por qué tanto secreto? Una práctica habitual
Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.
“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade. Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.
La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.
Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad. En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.
Las voces que reclaman mayor transparencia, alertan que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo, ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.
En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.
Fuente: BBC
