Esta mañana la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez se reunió con Alberto Joaquín Martínez, ministro – presidente y Carolina Llanes, ministra – vicepresidenta segunda de la Corte Suprema de Justicia-CSJ, respectivamente, para articular acciones en torno a la agilización de los procesos de acogimiento familiar y adopciones, mediante herramientas electrónicas.
“Esta pandemia hizo que tengamos que recurrir a los medios digitales, que estaban siempre a disposición, pero que en la práctica, aún no era utilizados formalmente”, expresó la ministra Teresa Martínez, además dijo que, “hoy no reunimos justamente para articular situaciones que queremos ir mejorando. Nos complace mucho la predisposición de siempre. Estas acciones conjuntas van direccionadas tanto sobre restitución internacional, como también en capacitación, y adelanto que este viernes 6 de octubre, vamos a estar firmando un convenio marco, sobre las notificaciones electrónicas. Estamos avanzando en toda la revisión de lo que es el proceso de adopción nacional y DICUIDA (Dirección de cuidados alternativos), que son las dos nuevas figuras que tenemos con la Ley de Adopciones. Este convenio es muy importante porque justamente con la situación que estamos viviendo, muchas cosas se ven atrasadas y tanto la comunicación y la notificación electrónica van a facilitar y formalizar algo que veníamos haciendo de manera regular, pero que a partir de ahora, tendrá validez legal, sin la necesidad de realizar doble papeleo o carga de datos. Esto regulariza el proceso y tendrá pautas claras para facilitar todas las comunicaciones, agilizando los casos y evitando posibilidad de contagio también”.
Los procesos de guarda, búsqueda de familia acogedora y adopciones, se vieron disminuidos debido a las medidas sanitarias contra la pandemia de la COVID-19. La documentación debía realizarse en físico, luego de manera virtual. La nueva disposición establece la validez legal de los registros y los procesos podrán realizarse de manera virtual.
El Art. 1 de la Ley 6486/20, establece que el objetivo es asegurar el derecho de niños, niñas y adolescentes de vivir y desarrollarse en su familia o en un entorno familiar, a través de políticas públicas dirigidas al fortalecimiento familiar de prevención de la separación, garantizando el pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución, en la Convención de los Derechos del Niño, y demás instrumentos internacionales ratificados por la República del Paraguay.
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