Ricardo Merlo, fiscal de Derechos Humanos, aseveró que los agentes del Ministerio Público llevan adelante un protocolo de prevención de contacto con las personas que incumplen con el aislamiento social sanitario por propagación de coronavirus al momento de realizar procedimientos.
“Se está siguiendo un protocolo por el tema de la exposición (al coronavirus), tratando de evitar todo tipo de contacto”, expuso Merlo, en referencia a portación de tapabocas y otros elementos. No obstante, manifestó que muchas veces en aprehensiones, y especialmente con personas violentas, se torna inevitable el contacto con ellas.
Recordó que los castigos por violar la disposición de restricción de circulación por las calles, de acuerdo al marco normativo, van desde multas de G. 8 a 40 millones hasta penas privativas de libertad que pueden extenderse hasta los 18 meses.
Agregó que la criminalidad en las calles ha bajado notoriamente. En contrapartida, aseveró que desde que inició la cuarentena han aumentado las cifras de casos de violencia intrafamiliar y abusos sexuales de niños.