El 4 de agosto de 2020, un depósito abandonado de nitrato de amonio explotó en el puerto de la capital libanesa, dejando un saldo de más de 200 muertos y barrios enteros en ruinas. Hasta la fecha, nadie fue procesado. ONGs internacionales como Aministía Internacional, Human Rights Watch así como abogados de la sociedad civil libanesa denuncian un sabotaje de la investigación por parte de la clase política.
¿Qué provocó esta dramática explosión en Beirut? ¿Por qué el nitrato quedó abandonado en el puerto a pesar de los peligros? ¿Quién estaba al tanto entre los responsables políticos y de seguridad? Esas preguntas han quedado sin respuesta a causa de la clase política libanesa que ha puesto trabas a la investigación. Después de la tragedia del 4 de agosto de 2020, ningún responsable fue llevado ante la justicia.
La gigantesca deflagración fue provocada por 2750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas sin medidas de precaución, según reconocieron las autoridades, en un depósito abandonado del puerto.
Tras haberse negado categóricamente a una investigación internacional, las autoridades libanesas apartaron de sus funciones al primer juez encargado de llevar las pesquisas, Fadi Sawan, después de que inculpara a altos responsables.
Su sustituto, Tarek Bitar, se enfrenta también a obstáculos, sobre todo la negativa del Parlamento de levantar la inmunidad de algunos de sus miembros, sospechosos de implicaciones en la explosión.
“Las autoridades libanesas se pasaron el último año obstaculizando de forma vergonzosa la investigación por la verdad y la justicia de las víctimas”, lamentó la ONG Amnistía Internacional en un comunicado.
“Ante la magnitud de esta tragedia, sorprende ver hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades libanesas para eludir” la justicia, lamentó la directora regional adjunta de AI, Lynn Maalouf.
Lo mismo denunció la ONG Human Rights Watch en un informe que acusa a las autoridades de negligencia criminal. Una de las autoras del informe, Aja Majzoub dijo a RFI que “se pudo demostrar que los responsables libaneses sabían del riesgo que representaba el nitrato de amonio [almacenado en el puerto]. Al no tomar ninguna medida para proteger a la población aceptaron tácitamente ese riesgo. En derecho internacional, esto constituye una violación al derecho a la vida. Y según la ley libanesa, esta actitud puede ser considerada como un homicidio que podría caratularse de voluntario.”
El juez de instrucción Tarek Bitar busca inculpar a varios exministros y altos funcionarios, pero la inmunidad que los protege a raíz de sus responsabilidades frena el avance de los procesamientos.
“Simplemente intentan escapar de la justicia”, dice el abogado Youssef Lahoud, que representa a más de 1.000 víctimas de la explosión.
A pesar de los obstáculos, la investigación está “terminada en tres cuartas partes”, indica a la AFP una fuente judicial cercana al expediente. Bitar espere anunciar sus conclusiones “de aquí a fin de año”.
