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Kelembu quiso llevarse una moto a la fuerza y agentes de PMT lo sometieron a golpes

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El concejal de Ciudad del Este Celso “Kelembu” Miranda fue reprendido violentamente por un grupo de agentes municipales de tránsito luego de que intentara retirar una motocicleta que había sido incautada minutos antes. Ocurrió ayer martes en el corralón municipal.
Osvaldo Aquino, director de la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad del Este, justificó como “legal” el accionar de los agentes, afirmando que lo que hizo el edil (intentar sacar a la fuerza una motocicleta del corralón municipal) no fue lo correcto.

Además, dijo que fue el propio concejal quien comenzó la pelea abalanzándose sobre un agente.


“La moto fue incautada en el microcentro de Ciudad del Este, porque estaba trabajando como moto-taxi y el dueño no tenía documentaciones para realizar ese trabajo. Eso es competencia desleal”, explicó Aquino en contacto con La Unión.

Señaló que es la primera vez que ocurrió un episodio como el protagonizado ayer por el concejal Miranda.
El director de la PMT de Ciudad del Este ratificó que a estas horas la motocicleta sigue en el corralón municipal y solamente será retirada cuando el dueño presente todos los documentos para el efecto.

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IPS analiza utilizar G. 784.000 millones de sus ahorros para pagar jubilaciones

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La previsional busca recurrir a las rentas acumuladas de su Fondo Común para cubrir los pagos de noviembre y diciembre, luego de que G. 411.789 millones quedaran inmovilizados en Ueno Bank. La operación comprometería recursos destinados a fortalecer las reservas para futuras jubilaciones.

Un documento interno, remitido para dictamen jurídico y divulgado por los medios de comunicación, plantea utilizar G. 784.239 millones de los rendimientos de las inversiones para cumplir con el pago de jubilaciones, pensiones y el aguinaldo. La propuesta contempla desembolsar G. 776.549 millones en noviembre y otros G. 7.690 millones en diciembre.

El impacto de la crisis bancaria se suma a un escenario financiero que ya venía mostrando señales de deterioro. Según las proyecciones actuariales del IPS, los rendimientos de las inversiones podrían resultar insuficientes desde 2030 y las reservas del Fondo Común agotarse en 2046 si no se aplican reformas estructurales. La caída de Ueno no originó ese déficit, pero aumentó la presión sobre los recursos de la institución.

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Santiago Peña podría pasar hasta 15 años de cárcel por el caso Ueno Bank

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La fiscala Verónica Valdez señaló que el exmandatario podría recibir esa pena por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. Por ahora, el Ministerio Público afirma que no cuenta con pruebas suficientes para imputarlo por asociación criminal.

Peña permanece en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, desde el pasado 6 de noviembre. Su situación se enmarca en la investigación por el cierre y el presunto desfalco millonario de Ueno Bank, entidad con la que mantuvo vínculos empresariales.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía allanó propiedades vinculadas al exmandatario, entre ellas su residencia en Asunción y su mansión de verano en San Bernardino. En esta última también se inspeccionó una bóveda que finalmente resultó ser una sala de pánico, sin dinero ni objetos de valor en su interior.

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Miguel Vázquez habría invertido casi US$ 10 millones en un exclusivo departamento en Miami

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El propietario de Ueno Bank firmó en mayo de 2024 un contrato para adquirir una lujosa unidad en el complejo St. Regis Residences, ubicado frente al mar en Sunny Isles. Según documentos del Grupo Vázquez, la operación alcanzaría los US$ 9,9 millones.

La propiedad está situada en el piso 50 de una torre todavía en construcción y cuenta con cuatro dormitorios, amplias terrazas y vistas al océano. Entre las comodidades previstas para el condominio figuran playa privada, piscinas, spa, gimnasio, restaurantes y servicio de valet parking para tres vehículos. Su entrega estaba proyectada para 2028.

Los registros señalan que Vázquez ya habría desembolsado cerca de US$ 4 millones en distintos pagos y que aún quedaban cuotas pendientes, además de un saldo a cancelar al cierre de la operación. La compra se concretó mientras el Gobierno de Santiago Peña llevaba menos de un año en el poder y antes de que el BCP autorizara la fusión de Ueno Bank con Visión Banco.

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