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Intervención en CDE: “Su pedido de inconstitucionalidad no tiene sentido”, afirma diputado

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El diputado de Alto Paraná, Jorge Brítez, del movimiento Cruzada Nacional, afirmó que la ley mediante la cual el oficialismo local pretendía declarar ilegal el pedido de intervención es nula, ya que va en contravención de la Constitución Nacional.

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En ese sentido, indicó que la Carta Magna establece que para este tipo de pedidos, como de intervención, es necesaria solo mayoría simple para su aprobación, no de mayoría absoluta, como lo sostiene el clan Zacarías.

Sobre el punto, Brítez dijo que el anuncio del oficialismo local de solicitar la inconstitucionalidad del pedido no tendrá soporte, ya que son ellos los que irán en contra de la Ley Mayor.

Detalló que los votos por la intervención se distribuyeron de la siguiente manera: tres del PLRA, dos independientes, uno de ANR y uno del Partido Tekojoja.

“La lucha, la constancia y la perserverancia al final tienen su recompensa”, resaltó el legislador en comunicación con La Unión, afirmando que la familia Zacarías le ha hecho mucho daño a la ciudadanía esteña.

“Aprovechamos este momento único que nuestro país está viviendo en el que grandes personajes de nuestra política están presos”, destacó Brítez.

El diputado cuestionó que la intendenta McLeod haya dicho que el pedido de intervención tenga un trasfondo político. “Todo es política. Lo que pasa es que ella hace una política del oscurantismo y nosotros hacemos política por la transparencia”, expresó.

Brítez explicó que, si el Congreso aprueba el pedido de intervención, se contratarán técnicos para realizar auditorías de la gestión de Sandra McLeod, sobre la cual, asegura, se descubrirán cuantiosas irregularidades y sobrefacturaciones.

FUENTE: LA UNION

 

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Fiscalía imputa a Patricia Samudio ex titular de Petropar por sobrefacturación de agua tónica

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El Ministerio Público formuló imputación por la supuesta comisión del hecho punible de Lesión de confianza en calidad de autor contra Patricia Samudio, expresidenta de Petropar.

La agente fiscal Liliana Alcaraz formuló imputación por la supuesta comisión del hecho punible de Lesión de confianza en calidad de autor contra Patricia Samudio, expresidenta de Petropar por sobrefacturación de agua tónica.

En este marco, se había iniciado una investigación a raíz de un supuesto caso de sobrefacturación de agua tónica, en este sentido se detectó la sobrefacturación.

FUENTE: LA UNION

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¿Se puede viajar al extranjero durante la pandemia?

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Tras el pedido de la senadora Lilian Samaniego para viajar a Uruguay por motivos personales, nos comunicamos con la Directora de Migraciones, Ángeles Arriola, quien nos comentó acerca de las excepciones y requisitos para salir del país.

Mirá la entrevista completa durante el programa #SonidoUrbano

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Concejal y otros dos funcionarios públicos fueron imputados por cobro indebido de Pytyvô

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Una concejal municipal, una funcionaria de la Municipalidad de Asunción y otra de la Gobernación del Guairá fueron imputadas por haber cobrado el subsidio Pytyvõ. Hay otras 38 personas en investigación preliminar.

La fiscal Silvia Cabrera explicó que los hechos punibles cometidos por estas personas fueron adquisición fraudulenta de subvenciones, declaración falsa y estafa, tras haber cobrado el subsidio Pytyvô. Sobre el punto, dijo que hay otras dos personas del sector privado más en la investigación.

“Se trata de personas que no reunían los requisitos establecidos y, sin embargo, habrían cobrado este beneficio”, aseveró Cabrera en comunicación con La Unión, citando como ejemplo que una concejal municipal del distrito de María Antonia, situado en el Departamento de Paraguarí, identificada como Julia Brítez, de 27 años, fue una de las que percibió la ayuda.

Todos están señalados por violar la ley Nº 6524/20 de Emergencia Sanitaria, ya que, de acuerdo a esta normativa, ningún funcionario público podía cobrar subsidios del Gobierno durante la pandemia del coronavirus. La ayuda de Pytyvô consiste en un pago cercano a G. 550.000.

Aseveró que la investigación no culminará aquí, ya que ayer, desde la Abogacía del Tesoro, fueron remitidos datos y una denuncia en contra de 38 personas que tampoco reunían los requisitos para cobrar estos subsidios. “En total serían 43 personas”, afirmó la fiscal, indicando que todos se exponen a una pena privativa de liberta de hasta 5 años.

 

FUENTE: LA UNIÓN

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